Nuestra constitución atribuye a los Jueces y Tribunales la función de
juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (art 117). Todo el mundo sabe que las
sentencias están para cumplirlas (ello forma parte de tutela judicial
efectiva) o al menos en teoria debe ser así. Sobre el ciudadano de a pie
que no cumple con el mandato judicial, recae todo el peso de la ley y
al final cumple sí o sí. Da igual la materia enjuiciada, civil, laboral,
administrativa o penal. Los contratos se cumplen, las resoluciones
administrativas se cumplen, las condenas se cumplen, y un largo
etcétera. Si alguien duda de ello, puede preguntar a los miles de
desahuciados españoles que al no cumplir un contrato de préstamo
hipotecario para la adquisición de su vivienda pierden su hogar. Pero
para la política las reglas de juego cambian. Multitud de sentencias
tanto de nuestro Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo
obligan a la Generalitat de Cataluña a escolarizar en castellano a los
hijos de padres que lo soliciten. Se imcumple por activa y pasiva dicho
mandato judicial y ningún tipo de responsabilidad recae sobre los
dirigentes que permiten tal vulneración. Es más, cientos de personas
salen a calle para pedir que no cumplan y llaman a la insumisión. Parece
que cuando la constitución recoge que los españoles tiene la obligación
y derecho de conocer el castellano simplemente establece una
declaración de intenciones...a pesar de encontrarse en nuestra titulo
preliminar junto a otras declaraciones de que España es un estado de
libertad, justicia, igualdad y pluralismo politico, precisamente
libertad, justicia, igualdad y pluralismo...que gracia
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